El derrame

El Enard es sin dudas la bandera de el actual proceso político en términos de deporte. Es, sin lugar a dudas, un avance, largamente precisado, para conseguir nivelar el terreno de juego al menos con el resto de los atletas latinoamericanos, que a partir de diversos programas deportivos comenzaban a distanciarse de Argentina. Los Juegos Sudamericanos de 2010, por caso, fueron los peores de la historia para los argentinos, que culminaron cuartos detrás de Brasil, Colombia y Venezuela.

Ese 2010 fue el primer año de funcionamiento del Enard, que, a través de un impuesto del 1% sobre el consumo de celular de la ciudadanía, financia becas, programas de formación y especialización y viajes para competir y prepararse, cruciales para subir la vara en un deporte argentino con una competencia interna mediocre y devastada. Hemos tenido 3 años de Enard, insuficientes para evaluar la verdadera influencia que tendrá sobre el rendimiento (quizás Río 2016 sea la primer gran prueba para la generación hija del ente estatal), más allá de que ya se han visto necesidades de ajuste y no son pocos los deportistas que han denunciado diversos problemas, desde ser forzados a competir en torneos nacionales menores (caso Germán Lauro) hasta ser enviados en costosos viajes de preparación (al de Sudáfrica, este año, se suma el que se hará en Polonia a principios de 2014) para un entrenamiento que podría realizarse en Argentina.

El primer punto es particularmente relevante porque, lejos de ser un error ajustable (como sí lo son las decisiones técnicas), es parte de la esencia de un ente que regula el alto rendimiento: la noción, el modelo que subyace detrás del Enard es potenciar a los deportistas de elite y esperar que su éxito se derrame sobre las bases y los promueva a realizar deporte, además de atraer esponsoreo, brindando así un cimbronazo de salud al deporte nacional. Se trata, pues, de la infame teoría del derrame.

La decisión de promover el deporte de elite tiene una justificación en la naturaleza cortoplacista y poco sustentable de la política en general: cada gobernante quiere ver los resultados de su apuesta durante su mandato, para conseguir así rédito y legitimidad políticos. Por ello, se busca apoyar a los deportistas que pueden robarse una primera plana en un diario o minutos en los canales de aire: allí reside el valor de uso del deporte.

El gobierno actual ha, de hecho, enviado señales en la dirección opuesta, intentando promover lo que llaman “deporte social” (deporte no competitivo, para fomentar la salud y la inclusión) a partir del relanzamiento de los Juegos Evita, juegos que involucran a las escuelas y por ende intentan integrar el deporte a la base desde la educación elemental. El resultado se verá, en todo caso, en el largo plazo (el desafío será Buenos Aires 2018), pero ya resulta evidente que no alcanza con organizar juegos nacionales si en las escuelas no se encuentran los instructores o las facilidades adecuados para fomentar correctamente el deporte base.

Los Evita, además, se han convertido, por esa necesidad de resultados palpables, en un campo de detección de talentos (de allí surgió y hoy es bandera del deporte social Braian Toledo), pero, por los apuros de la política, muchas veces la detección es apresurada: por un lado, se buscan ciertos biotipos particularmente dotados para ciertos deportes, una mirada un tanto cesgada de lo que constituye al deportista y que, lejos de los valores del deporte social, buscan rápidamente especializar al chico en lugar de permitirle una exploración de sus aptitudes y gustos; por el otro, la detección de talentos genera un enorme descarte de jóvenes que aún se hallan en formación, lo cual es una falla mayúscula porque existen numerosas disciplinas donde el desarrollo se da a edades más tardías, y también numerosos atletas que dan saltos de calidad luego de deambular por la medianía. Abandonados a su suerte, imposibilitados de acceder a becas que permitan su ingreso al limitado grupo del alto rendimiento, naturalmente decantarán su vida hacia el trabajo o el estudio y abandonarán paulatinamente la práctica seria del deporte.

La inyección de dinero en el alto rendimiento no implica en absoluto resultados: hemos mencionado como la malversación de la inversión puede provocar un desperdicio en términos de eficiencia; también vale la pena señalar que, sin infraestructura desperdigada por el país habrá menos oferta deportiva a los jóvenes y por ende, no solo menos deporte contra la desigualdad social sino menos talentos que captar. La ecuación, en este sentido, es lineal.

La Secretaría de Deportes ha puesto en marcha la edificación de varios centros de alto rendimiento en el país, en busca de descentralizar la dependencia del Cenard, donde todos los becados deben concurrir. Sin embargo, no solo estas estructuras no se han terminado, sino que además continúan fomentando la misma idea centralizadora: la Nación invertirá primordialmente en un grupo de deportistas, a los que intentará llevar a medallas que demuestren fehacientemente el éxito del modelo; de igual modo, la Nación invertirá principalmente en centros especializados para que estos jóvenes se desarrollen bajo la tutela estatal, en lugar de fomentar, proteger y desarrollar la infraestructura existente (y apenas subsistente) que tienen los clubes de barrio. El desarrollo de los clubes mediante el apoyo estatal implicaría por un lado la posibilidad de que los jóvenes practiquen deporte en sus casas y no a miles de kilómetros, y por otro daría un paso hacia unificar las competencias deportivas, que hoy por hoy se dividen entre las federaciones, que realizan a pulmón sus torneos nacionales, y los Juegos Evita, el torneo nacional que promueve el estado.

Un beneficio fundamental de apuntalar los clubes sería, además, el crecimiento de la competencia interna, fundamental para potenciar el deporte nacional. Hoy la competencia interna apenas se sostiene, y, salvo excepciones que consiguen financiarse a través de esponsoreo o televisión, la mayoría de los deportes federados termina implicando una fuerte inversión por parte de los protagonistas para viajar y competir; lo cual es, claro, un modo de exclusión económica. Para colmo, los clubes crían a sus deportistas pero luego el Enard se los pide prestados para prepararlos en la alta competencia, y el club, que no recibe nada, y la competencia pierden así jerarquía.

Sin una competencia nacional fuerte, no habrá otra solución que enviar a los atletas a prepararse afuera, una decisión que, además del desarraigo generado en los atletas, genera un círculo vicioso donde nunca se fomenta la creación de infraestructura y siempre hay que ir al exterior. El acceso a ese beneficio, para colmo, es para los elegidos, y por ende se abre una brecha cada vez más grande entre el deportista becado y el que no accedió a una beca, disminuyendo aún más el pool de donde surge el talento.

Ampliar la base de practicantes, esa frase pronunciada en los discursos, no solo es crucial si no se quiere papelonear en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018: debería ser el objetivo de una secretaría que se enmarca nada menos que en el ministerio de Desarrollo Social, ya que promueve salud e inclusión a los ciudadanos y da una herramienta más a los económicamente marginados para salir de su situación. El Enard, por supuesto, está al margen de este debate, ya que su función es clara y se reduce a financiar el alto rendimiento: sin embargo, que el caballito de batalla de la gestión de la Secretaría de Deportes sea, justamente, la creación de ese ente, implica que no se ha avanzado de la misma manera para fomentar el deporte invisible y ampliar efectivamente las bases.

Por supuesto, tener una base amplia que alimente naturalmente a la cúspide de la pirámide es largamente ineficiente, excesivamente largoplacista y los logros tienen poca visibilidad: estamos hablando de algo que debería ser una política de estado sostenida durante 20 años para ver frutos en la competencia grandes, frutos que, además, no serían el objetivo sino una consecuencia agradable. La teoría del derrame es, desde ya, igual de inefectiva (hasta fantasiosa), pero invertir en un grupo selecto a la usanza de la vieja Unión Soviética o la China actual tiene resultados evidentes, visibles, demostrables (más allá de que, por la juventud del ente, la inexperiencia de los dirigentes y cierta tendencia al derroche, el Enard aún no haya mostrado un salto de calidad en términos de éxitos).

El modelo actual, por ende, está construido para perseguir medallas: busca réditos visibles, proporcionales en términos de capital político a la inversión realizada. Pero cualquier plan que no es profundo y apunta al corto plazo termina siendo costoso para el país, porque no construye lo duradero. El Enard es sin lugar a dudas un apoyo crucial en un país donde, al no haber verdadera cultura deportiva, no existe el apoyo privado para los atletas no futbolistas, tanto para el esponsoreo individual como para el desarrollo de ligas profesionales (además de la de fútbol, que apenas se sostiene, solo el vóley y el basket han conseguido sostener sus competencias profesionales, y a duras penas). Y sería, además, un complemento ideal para una política deportiva que trabaje sobre la base: quizás va siendo hora de pensar más allá de los próximos juegos olímpicos; 2018 se presenta, en ese sentido, como una oportunidad crucial para consolidar el crecimiento del deporte nacional, o sepultar todo lo bueno por perseguir medallas.

2 Respuestas a “El derrame

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